La crisis en el sector educación no es un secreto para ningún peruano. En más de 30 años, el magisterio no ha encontrado eco a sus reclamos en ninguno de los gobiernos de turno. En el actual, con Ollanta Humala a la cabeza, han definido algunos puntos como el derecho al luto y sepelio, reconocimiento de los años de servicio, bonificación (única) de 300 soles; pero aún falta lo más importante, el contraste del proyecto de Ley presentado por el SUTEP a la comisión de educación con el proyecto de Ley del Profesorado, elaborado por el Ministerio de Educación del actual gobierno nacional. Según los maestros, el proyecto de gobierno no involucra el piso salarial, la bonificación por elaboración de clases, entre otros aspectos.
Las exigencias de los maestros pueden parecer bastante inapropiadas en un país con una baja calidad de educación, pero son derechos al fin y como tal deben respetarse. Al igual que los médicos, quienes reclaman un aumento salarial, nombramientos de sus colegas, implementación de los hospitales, etc; los maestros también consideran que la remuneración que perciben por sus servicios no cubre la canasta básica familiar. Lo que se trata de hacer con la Ley es que la evaluación a los profesores demuestre la capacidad de cada uno de ellos y por ende el sueldo (bonos, premios, aumentos, etc) que deben recibir a fin de mes. En un país con congresistas que ganan dinero sin hacer nada y con una serie de gollerías que son pagadas por el gobierno, el Ministerio de Economía debería hacer un mea culpa y distribuir el dinero equitativamente entre los otros sectores del país. Aunque esta decisión es competencia directa del presidente.
Diariamente veo las dificultades que pasan los profesores no solo en los colegios rurales, donde en ocasiones tienen que poner de su propio bolsillo para las tizas, motas y hasta para los cuadernos de los estudiantes, sino también en los colegios de la zona urbana, donde la deserción escolar va en aumento y la falta de comprensión lectora imposibilitan la aprehensión de clases. El traslado al interior de la región (me refiero a Loreto) es otras de las falencias. No existen bonificaciones para los maestros que con su propio peculio van a las provincias y distritos de la región (Loreto tiene 8 provincias y más de 30 distritos, hace poco se aprobó la creación de la provincia del Putumayo). Y si a esto le sumo la pobreza que bordea el 40%, la ausencia de infraestructura y mobiliario escolar, la carencia de vías interprovinciales, la inexistencia de electricidad, agua potable y banda ancha, el problema se agrava mucho más.
El gobierno no solo debe buscar alternativas educativas que lleguen a los más pobres, sino que debe destinar 3 veces más de presupuesto por estudiante, ya que en comparación a países como Colombia, Chile y Ecuador, estamos en pañales. Hay estudiantes únicos, con un talento impresionante, pero lamentablemente no pueden acceder a una educación superior por la falta de recursos económicos. El gobierno lanzo el programa social BECA 18, pero, como en anteriores oportunidades, estos programas solo llegan al 25 o 30% de la población total de una determinada zona. Los maestros cumplen un rol fundamental en la sociedad, pues son ellos los que inculcan parte de los valores y principios que tendrán los futuros ciudadanos peruanos, además de los conocimientos y las aspiraciones intelectuales. Hay que saber reconocerlo, pero también hay que saber reconocer que existen malos profesores que utilizan las huelas y paros para no trabajar y cobrar a fin de mes.
El actual gobierno instaló una mesa multisectorial para, de una buena vez, deponer la medida de lucha del magisterio por un buen tiempo y darle la estabilidad a los estudiantes (los principales afectados cada vez que haya huelgas). Este acuerdo tienen un tiempo de plazo para un acuerdo final, de no cumplirse con eso, los maestros volverán a las calles. Porque como bien lo dijo César Coral, secretario de prensa del SUTEP-Loreto, esta suspensión solo es una tregua, pero principalmente, un compromiso con la niñez y la juventud del Perú. Una brevísima radiografía de lo que pasa con la educación en un país de cifras en azul que aparentan un crecimiento económico a nivel mundial y una mejor calidad de vida para sus habitantes, y sin embargo no compensan esa bonanza monetaria en mejoras salariales para sus trabajadores ni mucho menos políticas certeras para combatirlas.
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